Golpe sobre la mesa en la política energética británica. El Gobierno del Reino Unido ha decidido que la inteligencia de la red pase a manos públicas con la creación de un operador nacional e independiente que planificará y dirigirá el sistema eléctrico y gasista para el objetivo de cero emisiones netas. No es una nacionalización de cables y torres, sino el traspaso del timón operativo a un ente público con mandato claro y sin conflicto de intereses.
La hoja de ruta viene de lejos y ya tiene respaldo legal. En abril de 2022 el Ejecutivo confirmó el plan para un operador del sistema de propiedad pública e independiente de los dueños de redes físicas, recogido después en la Ley de Energía 2023 que recibió el visto bueno real el 26 de octubre de 2023, abriendo la puerta al nuevo organismo conocido como National Energy System Operator, NESO, heredero de funciones del actual ESO de National Grid y con nuevas tareas de planificación del gas a largo plazo, bajo supervisión de Ofgem y del Departamento de Seguridad Energética y Cero Neto del Reino Unido, DESNZ (BEIS y Ofgem, abril 2022; UK Government, 26 octubre 2023).
Qué cambia con un operador de red de propiedad pública en el Reino Unido
El cambio central es de gobernanza. NESO asume la operación en tiempo real del sistema eléctrico, la previsión de demanda y generación, el diseño de los mercados mayoristas y de balance, y la planificación integrada de redes de electricidad y gas con una visión a varias décadas. Todo con independencia de las empresas que poseen activos de transmisión y distribución, lo que elimina incentivos cruzados y facilita decisiones de inversión donde más valor aporten a consumidores y seguridad de suministro.
La misión se alinea con compromisos climáticos y con una red más compleja por la entrada masiva de eólica marina, solar y almacenamiento. En 2023 las renovables aportaron alrededor del 43 por ciento de la generación eléctrica en el Reino Unido, máximo anual registrado, mientras que las tecnologías de bajas emisiones superaron la mitad del mix, impulsando la necesidad de coordinación fina y refuerzos de red adaptativos, datos abiertos y flexibilidad local, con respuesta de la demanda incluida (DESNZ, UK Energy in Brief 2024).
Detrás late una motivación práctica: recortar costes del sistema y acelerar permisos y refuerzos sin fricciones societarias. Un operador público puede fijar estándares comunes, priorizar proyectos críticos y orquestar soluciones de flexibilidad que eviten sobreconstrucción de redes. También guía las subastas de capacidad y servicios de estabilidad, esenciales cuando el carbón ya es residual y la base firme proviene de interconexiones, ciclos combinados y almacenamiento.
Fechas, cifras y actores: National Grid, Ofgem y el nuevo NESO
National Grid ESO, hasta ahora parte del grupo privado National Grid plc pero con gobierno diferenciado, transfiere sus funciones al nuevo organismo público en un proceso escalonado definido por el regulador Ofgem, con hitos marcados tras la entrada en vigor de la Ley de Energía 2023. NESO integrará además tareas estratégicas hoy en el operador del gas para ofrecer una única visión del sistema energético, desde la demanda de hidrógeno en industria hasta la electrificación del transporte y la calefacción, una coordinación exigida por el Parlamento y por los informes de seguridad energética del propio DESNZ.
El contexto operativo presiona. La eólica marina británica supera los 14 gigavatios instalados, con nuevas rondas de subastas comprometidas, y los cuellos de botella en conexiones han estirado plazos de espera para proyectos distribuidos y utility scale. NESO recibe el encargo de limpiar colas de conexión y aplicar criterios de expulsión de proyectos inactivos, con calendarios y transparencia pública de hitos, una palanca para liberar gigavatios y ordenar la inviersión privada en generación y almacenamiento con previsibilidad de ingresos, tal como han señalado Ofgem y el propio ESO en sus actualizaciones de colas de acceso en 2023 y 2024.
La supervisión regulatoria se mantiene. Ofgem define los incentivos de desempeño del operador, aprueba códigos de red y testea que las decisiones cumplan el interés del consumidor y la resiliencia del sistema ante picos de demanda o eventos meteorológicos severos. DESNZ marca los objetivos estratégicos, incluido el compromiso de descarbonizar el sistema eléctrico para 2035 sujeto a seguridad y coste razonable, una fecha repetida en estrategias gubernamentales y en informes técnicos del Committee on Climate Change.
Lo que no es: no se nacionaliza la red física
Los activos de transmisión y distribución siguen en manos privadas y reguladas. En Inglaterra y Gales, las líneas de alta tensión pertenecen a National Grid Electricity Transmission. En Escocia, las redes de transmisión son de SSEN Transmission del grupo SSE y de SP Energy Networks del grupo Iberdrola. La distribución continúa a cargo de compañías regionales bajo marcos de ingresos fijados por Ofgem. NESO no compra torres, subestaciones ni cables submarinos, dirige su uso y planifica su refuerzo con criterios de coste beneficio y de seguridad de suministro.
Esa separación entre quien planifica y opera y quien invierte en activos busca un resultado tangible para hogares y empresas: menos costes hundidos, más competencia en soluciones, y un calendario creíble para conectar megavatios que hoy esperan turno. La diferencia respecto a una nacionalización total es nítida: el riesgo de construcción y operación de activos permanece en empresas reguladas, mientras el Estado asume la visión del conjunto y arbitra las reglas del juego con una sola voz pública y técnica, apoyada por datos y por consultas formales a la industria.